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| El ministro de Justicia informa en el Congreso sobre las reformas que acometerá en los próximos cuatro años. | |
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"Vamos a devolver a la sociedad la confianza en la justicia", dijo el ministro Juan Fernando López Aguilar en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Congreso de Diputados, donde informó sobre los proyectos que su Ministerio va a poner en marcha en los próximos cuatro años. La meta que se propone conseguir es "transformar la Justicia para mejorar la sociedad". Alcanzar este fin pasa por aproximar la justicia a los ciudadanos y agilizar su funcionamiento, enfrentándose con la ineficacia que muchas veces rodea al sistema judicial. Todo el trabajo que ahora se va a acometer irá encaminado a lograr convertir la justicia en un servicio público de calidad y en un instrumento útil en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. JUSTICIA DE CALIDAD: RAPIDA, EFICAZ E IGUALITARIA Uno de los fines principales de su Ministerio, señaló López Aguilar, será conseguir que la justicia funcione como un servicio público de calidad. Es decir, con rapidez, eficacia y sin discriminaciones. Con ese fin se desarrollarán y ahondará en varios proyectos: Carta de Derechos, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); relación del Ministerio con las Comunidades Autónomas; reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC); acceso de abogados y procuradores al ejercicio de la profesión; plan de modernización de la justicia; y servicio jurídico del Estado. Carta de Derechos La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se aprobó como consecuencia del Pacto de Estado hace dos años. Sin embargo, hoy por hoy, carece de fuerza jurídica. En ese sentido, anunció el ministro, se encaminarán parte de los esfuerzos de este Gobierno. Una de las primeras reformas de esta legislatura consistirá en dotar a la Carta de Derechos de fuerza legal vinculante, lo que se hará a través de una proposición de ley. López Aguilar invitó a todos los grupos parlamentarios a participar en este trabajo. Reforma de la LOPJ El ministro de Justicia dijo que otra de sus tareas prioritarias afectará a la LOPJ, cuya última reforma, aprobada en diciembre de 2003, acaba de entrar en vigor. Precisamente esto ha llevado al Gobierno a dar un margen de tiempo prudencial en el que se pueda ver la viabilidad de dicha ley en lo que afecta a la estructura de la Oficina Judicial y el redimensionamiento de la figura del secretario judicial. Acto seguido, López Aguilar anunció que, "sin pretender caer en la dinámica de destejer lo ya tejido", este Gobierno sí va a modificar los aspectos menos consensuados de la LOPJ, en especial los referido al estatuto del juez. Además de este aspecto, señaló otras tres reformas que pretende llevar a cabo:
Relación del Ministerio con las comunidades autónomas Para intensificar las relaciones entre el Ministerio y las Comunidades se va a dar un impulso a la negociación y a la coordinación, reforzando el papel de la conferencia sectorial de Justicia. Esta se convertirá en un verdadero foro de intercambio de información y ya está previsto que celebre la primera de sus reuniones en el mes de julio. Asimismo, López Aguilar declaró que en esta legislatura pretende que se avance decisivamente en el proceso de transferencias judiciales a las comunidades. Reforma de la LOTC El ministro de Justicia mostró su preocupación ante "el desbordamiento del recurso de amparo constitucional" que sufrimos hace tiempo. Esto conlleva la pérdida de eficacia del TC como garante de los derechos fundamentales, debido a las dilaciones en la resolución de recursos, y a una falta de tiempo para resolver los conflictos de competencia y para controlar la constitucionalidad de las leyes. Según el ministro, una modificación del recurso de amparo repercutirá positivamente en las relaciones entre el Constitucional y el Supremo. "El Tribunal Constitucional - dijo López Aguilar- no puede convertirse en una última instancia encubierta dedicada a revisar decisiones del Supremo ni está concebido para ello". La reforma que se pretende hacer redefiniría las funciones de ambas cortes y lograría una adecuada relación entre ambas. Plan de modernización de la Justicia Conseguir una justicia de calidad pasa por poner en marcha un ambicioso plan de modernización de la justicia, dijo López Aguilar. Entre las medidas que destacó para lograr este fin están:
LA JUSTICIA COMO INSTRUMENTO PARA LA GARANTIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Dentro de este apartado enumeró las siguientes reformas: Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) El ministro de Justicia consideró imprescindible abordar en esta legislatura un profundo debate sobre el modelo de proceso penal. Pero, como paso previo, señaló la reforma de la estructura y funcionamiento del Ministerio Fiscal. "En nuestra concepción del Estado social y democrático de Derecho, y de acuerdo con la Constitución, el Fiscal General del Estado no puede ser un fiscal particular del Gobierno", dijo López Aguilar. En este sentido anunció las reformas oportunas respecto a su nombramiento y mandato. Se trata de lograr que las actuaciones del Fiscal General respondan a un modelo de máxima adecuación a los principios constitucionales de imparcialidad y legalidad. El nombramiento será precedido de un comparecencia ante el Parlamento para que los diputados conozcan y examinen el perfil del candidato. Además, se pretende hacer posible la comparecencia del Fiscal General en el Parlamento para explicar aquellas decisiones de singular trascendencia política, así como limitar la duración de su mandato y elaborar un listado con causas de cese tasadas y objetivadas. Del mismo modo se acentuará la prohibición de que el Gobierno pueda dar instrucciones particulares o sobre asuntos concretos al Fiscal General quien, a su vez, tendrá prohibido intervenir o tomar decisiones en relación con procesos penales que pudieran afectar a miembros del Gobierno, actuando en su lugar el Fiscal Jefe que corresponda tras oír a la Junta de Fiscales de Sala. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) El ministro de Justicia recordó en este apartado la necesidad de reformar la centenaria LECrim. Para ello se creará una comisión redactora plural, cuyos componentes serán designados entre juristas de prestigio por el Gobierno y los grupos parlamentarios. La reforma que propone este Gobierno considera prioritario agilizar la resolución de los procesos penales. Un elemento esencial para su implantación en el proceso penal va a ser el cambio de funciones del Ministerio Fiscal en las causas penales. La intención del Ejecutivo es atribuir la investigación de los hechos delictivos a los fiscales. El nuevo diseño, previa modificación de la estructura y organización del Ministerio Fiscal, se basaría en la figura de un fiscal director de la investigación del delito. Este contará con la salvaguarda de un juez de garantía, que velará por los derechos de las partes cuando deba adoptarse alguna medida restrictiva de sus derechos. La potenciación de la figura del fiscal llevará a crear seiscientas nuevas plazas en esta legislatura. Reforma del Código Penal La lucha contra la criminalidad exige contar con una adecuada legislación procesal y también acertar con la legislación penal. El Ministro de Justicia recordó que en el 2003, en menos de diez meses, en el BOE se publicaron hasta cinco leyes orgánicas que modificaban el Código Penal. Una de éstas entrará en vigor el próximo uno de octubre. Dicha reforma se refiere, entre otras cosas, a la desaparición del arresto de fin de semana, medida que se adoptó con el argumento de su ineficacia. Según López Aguilar, esta reforma nos reconduce al pasado, a las penas de prisión de tres meses de duración y arresto domiciliario. El ministro recordó que estas medidas se aprobaron sin aportar al Parlamento datos sobre el número de delitos y delincuentes que se verían afectados, ni sobre el coste de controlar de manera efectiva la llamada pena de localización permanente. El ministro de Justicia también mostró su rechazo a la despenalización parcial del delito de defraudación fiscal que conlleva la reforma del Código Penal que aprobó el PP. Hasta hoy, dijo, defraudar a Hacienda 120.000 euros está castigado con prisión de uno a cuatro años y una multa que pueda alcanzar hasta seis veces la valor de lo defraudado. A partir del uno de octubre, este fraude merecerá sólo una sanción administrativa. "La lucha contra el fraude fiscal es una de las prioridades del Gobierno del PSOE -aseguró López Aguilar-. Por ello, en su momento, revisaremos la despenalización parcial de estos delitos, efectuada por el PP, para que vuelva a darse una respuesta contundente a quienes defraudan". El ministro de Justicia también hizo una valoración negativa de otras reformas del Código Penal, como la expulsión automática de los extranjeros que no residan legalmente en España y que hayan cometido un delito en nuestro país, en lugar de cumplir la pena impuesta por los jueces. López Aguilar consideró esta medida ineficaz y poco razonable. Respecto a esta manera de legislar, que calificó de improvisada, el ministro aseguró que no va a caer en el mismo error que sus predecesores: "El Gobierno no va a contrarreformar el Código Penal de manera inmediata, destejiendo de manera improvisada lo recientemente aprobado". Lo que sí se hará, añadió, es convocar a todos los grupos parlamentarios a un debate racional sobre el poder punitivo del Estado y sobre las consecuencias de las últimas reformas penales. Este debate concluirá con una reforma consensuada del Código Penal, con motivo de sus diez años de vigencia, en el 2005. Respecto a las reformas relacionadas directamente con la lucha contra el terrorismo, el ministro de Justicia expresó su firme decisión a que no se modifiquen, ya que fueron fruto del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. En cambio, López Aguilar sí expresó su deseo de introducir modificaciones de manera inmediata en dos materias: por un lado, las reformas relativas a la convocatoria ilegal de referéndum, y por otro, la interrupción voluntaria del embarazo. Respecto a la primera, dijo que "es obvio que si estas conductas llegaran a realizarse significarían una evidente ruptura de la lealtad constitucional", pero añadió que "la incriminación penal desproporcionada y a título singular de los responsables políticos que tomaran ese rumbo equivocado no es la solución más adecuada". En cuanto al interrupción voluntaria del embarazo anunció que se va a avanzar en la despenalización de estas conductas. El Gobierno presentará un proyecto de Ley que amplíe los supuestos de aborto en el marco acotado de las primeras semanas de gestación. Responsabilidad penal de los menores El responsable de Justicia aseguró que su departamento hará un trabajo pendiente desde hace varios años: el reglamento de la Ley del Menor. Se incluirá aquí la ejecución de las medidas impuestas por el juez; permisos de salida; medidas de vigilancia y seguridad de los centros y régimen disciplinario. Este reglamento deberá garantizar que todos los menores tengan el mismo régimen de derechos y obligaciones en cualquier comunidad autónoma, al tiempo que se respalde a los profesionales que trabajan en la reintegración. Por otra parte, anunció una revisión de la propia Ley Orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores. Con ésta se pretende, entre otras cosas, delimitar claramente las funciones atribuidas al fiscal en el proceso, evitando la situación actual, donde el acusador es también el encargado de tutelar la protección del menor. El ministro dijo que es "imprescindible revisar las reglas de imposición de las medidas, especialmente la de internamiento en régimen cerrado, en caso de menores responsables de delitos especialmente graves, asegurando que la sanción a imponer guarde mayor proporcionalidad con las conductas que se castigan". Reforma de la Ley de Protección de las víctimas de delitos violentos Además de reforzar la protección y las ayudas a las víctimas del terrorismo, el Gobierno se propone ampliar el ámbito de protección del conjunto de las víctimas de delitos violentos, algo que ya impulsó el gobierno socialista en 1995. En esta línea, el Ministerio de Justicia ha colaborado decisivamente en la redacción del Proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. Cooperación jurídica internacional López Aguilar anunció que su Ministerio trabajará a fondo en la cooperación jurídica internacional y señaló tres ejes fundamentales: lucha contra el terrorismo; construcción del espacio judicial europeo; y cooperación con Magreb y Latinoamérica. El ministro puso especial énfasis en la construcción del espacio judicial europeo, como una de las herramientas clave para combatir el terrorismo. En este sentido anunció que se hará una labor de formación entre operadores jurídicos y judiciales para que conozcan y utilicen plenamente nuevos instrumentos, caso de la euro-orden. DESARROLLO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Este va a ser otro de los grandes empeños del Ministerio de Justicia y afectará al derecho de familia, reforma de la nacionalidad, reforma del derecho de sociedades, y seguridad jurídica preventiva. En primer lugar, López Aguilar confirmó que se va a regular el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con todos los derechos y facultades que conlleva, los mismos que el matrimonio entre personas de distinto sexo. En segundo lugar, se refirió a la modificación del Código Civil para agilizar los procesos de separación y divorcio, sin necesidad previa de separación. Se pretende que la desvinculación del matrimonio sea más rápida y sencilla, tanto en el divorcio consensual como en el causal, con el fin de evitar situaciones conflictivas que con mucha frecuencia aparecen detrás de muchos casos de violencia de género. Asimismo, el ministro de Justicia también se refirió a otra reforma legal y del Registro Civil para asegurar el derecho a la identidad sexual, estableciendo las garantías necesarias para que se pueda hacer una rectificación registral del sexo. Finalmente, avanzó que se hará una nueva ley de tramitación de adopciones para dar mayor seguridad y transparencia a estos procesos, especialmente en el extranjero. RELACIONES CON LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Por último, López Aguilar anunció la apertura de una nueva etapa de diálogo con todas las Confesiones que tienen acuerdos con el Estado español. El ministro de Justicia planteó dos objetivos para avanzar en la construcción de un Estado genuinamente aconfesional, pero que asume la responsabilidad que le asignan las leyes de cooperación con todas las confesiones:
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