El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, anunció durante su comparecencia ante la Subcomisión no permanente del Senado sobre siniestralidad laboral, que su Departamento remitirá a Consejo de Ministros para su aprobación antes de finalizar el año, la nueva tarifa de cotización por accidente de trabajo, adecuándola a la siniestralidad laboral de los diversos sectores productivos, y la implantación de un sistema de "bonus-malus" que reduzca o incremente la cotización de las empresas en función de los accidentes que éstas tengan.

Asimismo, el Ministro anunció que a principios de enero se presentará el proyecto de Real Decreto que desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades empresariales.

Así, explicó que el borrador de Real Decreto, que parte de los criterios que consensuaron los agentes sociales, se ha remitido a las comunidades autónomas para que presenten alegaciones, de forma que, tras un turno de reuniones con todas las partes implicadas, se pueda tener ultimado un segundo borrador que el Gobierno quiere presentar el 17 de diciembre a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Posteriormente, se remitirá al Consejo de Estado con la intención de tenerlo aprobado a lo largo del mes de enero.

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Zaplana ha realizado en su intervención un balance del amplio paquete de medidas incluidas en este acuerdo y a las que el Gobierno ha ido dando igualmente cumplimiento en su lucha contra la siniestralidad laboral, objetivo absolutamente prioritario para el Ejecutivo.

En primer lugar, el titular de Trabajo ha destacado la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado mes de junio, del proyecto de Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que ha contado con el apoyo de los agentes sociales y el voto favorable del PP, PSOE, IU y CC.

Para Zaplana se trata de una norma de la máxima importancia pues persigue un doble objetivo: por un lado, modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al objeto de favorecer la integración de la prevención en los procesos productivos, estableciendo la obligación del empresario de elaborar e implantar un Plan de Prevención que debe quedar integrado en la gestión de la empresa; y, por otro lado, modificar la Ley de infracciones y sanciones del orden social para mejorar el cumplimiento de la normativa preventiva.

Esta norma incluye medidas como la tipificación como infracción muy grave de la suscripción de pactos entre empresas que tengan por objeto eludir las responsabilidades que reconoce la normativa de prevención de riesgos laborales.

REFORZAR LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INSPECCIÓN

El Ministro ha querido destacar que esta norma "da cumplimiento también al segundo objetivo del acuerdo que perseguía reforzar la función de vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Zaplana ha explicado que esto se ha conseguido por dos vías: de un lado, ampliando en 700 personas el número de trabajadores destinados a estas labores; y de otro, regulando la coordinación de la Inspección de Trabajo con los técnicos de las Comunidades Autónomas, para llegar a una mejor colaboración entre las distintas Administraciones.

Así, se han atribuido a los funcionarios autonómicos en materia de prevención funciones de asesoramiento y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas, prestando colaboración a la Inspección.

Al respecto, el ministro de Trabajo ha adelantado que la Inspección, en su labor fundamental de control del cumplimiento de la normativa preventiva, ha realizado más de 98.500 visitas a empresas en los nueve primeros meses del año, un 13,39% más con respecto al mismo período del año pasado.

Esta labor se ha traducido en cerca de 35.000 infracciones detectadas, lo que supone un 4,55% más que en 2002.