El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de modernización de los archivos judiciales y ha recibido un informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Arbitraje, así como sobre una próxima norma para modernizar el lenguaje jurídico.

Estas tres medidas suponen un nuevo impulso de modernización de la Justicia con tres ejes: En primer lugar, supone acercar la Justicia al ciudadano haciendo el lenguaje judicial y jurídico más comprensible para todos; en segundo lugar, liberar 40.000 m2 de espacio para implantar en todos los Juzgados Oficinas de Atención al Ciudadano y salas para atender adecuadamente a los menores y los casos de familia, así como para evitar que coincidan en una misma sala el delincuente y la víctima; y, en tercer lugar, dar soluciones más ágiles a los conflictos impulsando una avanzada Ley de Arbitraje.

Estas iniciativas, enmarcadas en el desarrollo del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suponen también avanzar en el cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos firmada por todos los Grupos Parlamentarios.

Lenguaje jurídico

El lenguaje utilizado por el conjunto de operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, procuradores, etcétera, es ininteligible para el ciudadano. Para establecer una justicia moderna, abierta a los ciudadanos y comprensible, tal y como recoge el punto 7 de la Carta de Derechos, el Ministro de Justicia ha informado al Consejo de Ministros sobre un Proyecto para la Modernización del Lenguaje Jurídico.

Ley de arbitraje

Asimismo, dentro de ese paquete de modernización de la Justicia, el Ministro de Justicia ha presentado al Consejo un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Arbitraje, que supone una reforma en profundidad de los procedimientos arbitrales como solución ágil y eficaz que permita a los ciudadanos resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a juicio.

El crecimiento de la confianza del ciudadano ha supuesto el aumento de un 20 por 100 de los asuntos planteados en los Tribunales, hasta superar la cifra de siete millones de asuntos en el año 2002. La creación de 800 nuevas plazas de jueces y magistrados, la sustitución de 644 jueces no profesionales por jueces de carrera, unida a los procedimientos más ágiles y eficaces establecidos en las nuevas leyes de Enjuiciamiento Civil, Contencioso Administrativo y juicios rápidos, están permitiendo que por primera vez los tribunales españoles resuelvan más asuntos de los que entran.

La nueva norma trata de dar un paso más facilitando los instrumentos de resolución extrajudicial de los conflictos. El Anteproyecto potenciará el arbitraje español como referente para el tejido empresarial de todos los países iberoamericanos.

Modernización de los archivos judiciales

Sobre la modernización de archivos judiciales, el Real Decreto aprobado supone la incorporación de las Nuevas Tecnologías y profesionalización que se está implantando en el ámbito de la Administración de Justicia.

La plena aplicación de esta norma permitirá la recuperación del 50 por 100 del espacio que hoy se dedica a archivos y proceder a la reasignación de 45.000 m2 de espacio en los edificios judiciales para mejorar los servicios que la Administración de Justicia presta a los ciudadanos.

Los órganos judiciales ingresan y resuelven a lo largo de un año más de siete millones de asuntos. Esta ingente cantidad de expedientes supone que los edificios judiciales custodian en la actualidad más de dos mil millones de folios. A ellos se destinan 90.000 m2 de espacio que en la actualidad resultan insuficientes, por lo que muchos pasillos, oficinas y ámbitos de atención al ciudadano presentan un lamentable estado de almacenamiento de legajos. Esto dificulta tanto la gestión de los procesos como la custodia segura en la documentación que da lugar, incluso, al robo de expedientes como los sufridos en Málaga o Madrid.

Esta situación, provocada por una regulación obsoleta que data del 29 de mayo de 1911, produce una acumulación de documentos en las sedes judiciales, carentes de criterios de ordenación modernos y rigurosos.

Novedades

El Real Decreto presenta una serie de novedades y ventajas que se articulan en los siguientes ejes:

• Aplicación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías: La informatización de los archivos judiciales está igualmente prevista en el Real Decreto, lo que se concibe como un complemento indispensable de la profesionalidad del personal y de la idoneidad del espacio, para dotar al conjunto del sistema de las notas que deben caracterizar toda gestión moderna y de calidad. Asimismo, está prevista igualmentela digitalización de los documentos judiciales. Ello permitirá no sólo la adecuación del sistema a las innovaciones que en materia de presentación de escritos se quiere introducir en las actuaciones procesales, sino que paulatinamente el espacio físico necesario para la conservación y custodia de la documentación judicial será mucho menor.
• Establecimiento de criterios racionales para la ordenación y gestión de los archivos y documentos: En primer lugar, los llamados Archivos de Gestión, donde se custodiarán ordenadamente los documentos y expedientes en tramitación, permaneciendo en él mientras "estén vivos"; en segundo lugar, los Archivos Territoriales, a los que se remitirán los expedientes desde los Archivos de Gestión pasados cinco años; y, finalmente, el Archivo Central, que hace las veces del Territorial para los órganos de jurisdicción en todo el territorio nacional.
• Mejoras en el propio funcionamiento y desarrollo de la actividad judicial: El establecimiento de todos los criterios proporciona a los órganos judiciales un instrumento que redundará en un mejor desarrollo de sus funciones, pues para el día a día se dispondrá de un archivo vivo, caracterizado por una correcta clasificación y custodia de los documentos, facilitando el acceso ordenado a los mismos y la consiguiente agilización de las actuaciones.
• Para los expedientes ya culminados, se podrá saber a ciencia cierta en qué momento y mediante la cumplimentación de qué trámites podrán ser transferidos a otras unidades archivísticas para su posterior destino.
• Mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones judiciales: En la actualidad, los archivos judiciales ocupan una superficie aproximada de 90.000 m2. La plena aplicación de la nueva regulación permitirá recuperar en torno al 50 por 100 de dicho espacio (45.000 m2) para dedicarlo a otros usos de la Administración de Justicia, resolviendo problemas endémicos de los edificios judiciales, como el de los depósitos de piezas de convicción.

Además, en materia de infraestructuras, el nuevo Real Decreto conlleva que toda la documentación judicial, sea cual sea la fase de archivo en la que se encuentre, sea almacenada en locales adecuados, que reúnan las condiciones necesarias de seguridad, higiene y accesibilidad, solventando así la precariedad e inadecuación que a veces presentan los actuales archivos.

Especialización y calidad técnica en la gestión de los archivos judiciales: Por primera vez, todas las operaciones de llevanza y gestión de los archivos judiciales serán realizadas por personal técnico especializado en archivística. Tanto en los Archivos de Gestión, como en los Territoriales y el Central, se contará con la asistencia de personal técnico y cualificado en la materia, lo que resultafundamental para garantizar la celeridad y la eficacia en el tratamiento de una documentación tan relevante para los derechos de los particulares. Así pues, se introduce la profesionalidad en la gestión de estos archivos.