El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Subvenciones que se enmarca dentro de uno de los ejes básicos de la política económica del Gobierno, como es la estabilidad presupuestaria.

Una vez aprobada la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que garantiza el equilibrio de las cuentas públicas en su conjunto, era necesario reformar la Ley General Presupuestaria, que regula el procedimiento del gasto público, y crear la Ley de Subvenciones, que busca avanzar en la eficacia y la transparencia en la aplicación de una parte muy importante del gasto público. El Anteproyecto de Ley General Presupuestaria está muy avanzado, de modo que pueda ser aprobado a lo largo del presente ejercicio, y el Anteproyecto de la Ley General de Subvenciones se remite hoy al Consejo de Estado para que emita su oportuno dictamen.

La Ley de Subvenciones comparte los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, como ésta última, busca asignar correctamente el gasto público, a la vez que centra los esfuerzos en la mejora de la protección social y de las políticas de gasto que favorecen la creación de empleo y el crecimiento económico. En este sentido, los principios generales de la Ley de Subvenciones son la igualdad, la publicidad, la transparencia, la objetividad y la eficacia.

Un régimen jurídico propio

La puesta en marcha de la Ley de Subvenciones permitirá dotar a este importante ámbito de la actividad administrativa de un régimen jurídico propio que mejorará la gestión y el control de las subvenciones, lo que incrementará de este modo su eficacia. Actualmente, el régimen jurídico de las subvenciones se basa en los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria.

Uno de los objetivos más destacados de la nueva Ley será la eficacia. En este sentido, los órganos que conceden subvenciones deberán elaborar planes estratégicos en los que se definan objetivos, plazos, costes, fuentes de financiación y prioridades de las subvenciones concedidas.

Además, la nueva norma reducirá de forma importante las distorsiones que puedan producir en el mercado las subvenciones. Para asegurar la eficacia, la Ley establece también nuevos instrumentos para evaluar y controlar los resultados de las ayudas concedidas, lo que mejorará la asignación de las subvenciones que se concedan en el futuro.

La mejora de la transparencia es otro de los objetivos que persigue la nueva Ley. En este sentido, el texto del Anteproyecto indica que las Administraciones que concedan la subvención deben hacerla pública y de forma detallada en el órgano oficial correspondiente.

Asimismo, la Ley contempla la creación de una base de datos nacional en la que se incluirán todas las subvenciones que concedan las Administraciones Públicas, lo que permitirá la coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de las subvenciones.

Seguridad jurídica

La Ley introducirá también importantes novedades en lo que se refiere a la seguridad jurídica. Así, el nuevo texto incorpora el estatuto jurídico de los beneficiarios, donde se incluyen sus derechos y obligaciones, lo que aumentará las garantías y la seguridad jurídica de los perceptores de subvenciones.

Dentro de este objetivo de mejorar la seguridad jurídica, la Ley tendrá el carácter de básica en lo referente a los principios y a las definiciones generales. Aunque el ámbito de aplicación de la Ley se centra en las subvenciones concedidas por el Estado y las Corporaciones Locales, se trata de que todas las subvenciones, también aquéllas que conceden las Comunidades Autónomas, se encuadren dentro de un marco general con unos principios y unas definiciones concretas y comunes. Esto mejorará no sólo la seguridad jurídica, sino también la eficacia de las subvenciones.

Mejora en la gestión de las subvenciones

La nueva norma agilizará el proceso de concesión de las subvenciones. Entre estas mejoras, destaca la posibilidad de establecer una fase de preevaluación de solicitudes, de modo que en la fase definitiva, de evaluación, sólo estén los solicitantes que hayan cumplido los requisitos administrativos. Además, los beneficiarios no tendrán que aportar documentos que ya tenga la Administración. Otra de las mejoras consiste en que la presentación de solicitudes y su tramitación administrativa podrá hacerse por vía telemática.

Los avances en el proceso de control de las subvenciones, antes y después de su concesión, constituyen otra de las principales mejoras que introducirá la Ley. En concreto, se establece de forma expresa el deber de colaboración de los beneficiarios que, en el ámbito del control financiero por parte de la Intervención General del Estado, se extiende también a terceros relacionados con el objeto de la subvención.

La negativa a las actuaciones de control puede llevar a la devolución o reintegro de las ayudas. En este sentido, la Ley avanza en la adecuación del proceso de reintegro. Entre las novedades que incluye la norma en este ámbito destaca el que los reintegros serán proporcionales a las obligaciones de los beneficiarios, de modo que cuando no las cumplan deberán devolver la ayuda.

Otra de las novedades importantes de la nueva Ley consiste en la tipificación de las infracciones, que serán leves, graves y muy graves, así como el establecimiento de sanciones, graduales en función de la infracción. Las infracciones van desde la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a la subvención, en el caso de infracciones leves, hasta la obtención de una ayuda falseando las condiciones requeridas para su concesión, en el caso de infracciones muy graves.

En cuanto a las sanciones, pueden tratarse de multas o pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o celebrar contratos con las Administraciones públicas durante un tiempo determinado. Estas dos últimas sanciones sólo se aplicarán en el caso de las infracciones graves o muy graves.