El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para actualizarla a los criterios establecidos en el Consejo Europeo de Sevilla.

Se trata, básicamente, de favorecer la inmigración que accede a nuestro país a través de las vías legales y con los permisos en regla, y fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal.

La nueva Ley incorporará la jurisprudencia del Tribunal Supremo, adaptará las directivas europeas en materia de inmigración y garantizará el catálogo de los derechos de los extranjeros en España, cualquiera que sea su situación. Todo ello con el deseo del Ejecutivo de que se logre con el consenso de los partidos políticos.

El anteproyecto de ley establece la consideración del visado como permiso de trabajo y residencia, y articula un conjunto de medidas tendentes al refuerzo de los procedimientos de control y expulsión de aquellos extranjeros que entran de forma ilegal en nuestro país.

LEY MÁS MODERNA

El Ejecutivo considera que los cimientos y pilares que se empezaron a levantar en el Consejo Europeo de Sevilla, celebrado en el verano del año pasado, deben ahora materializarse en una ley más moderna que acoja e integre a los ciudadanos de otras sociedades menos favorecidas, teniendo en cuenta que esa capacidad no es ilimitada.

En este sentido, el Gobierno entiende que la única forma admisible de entrar y permanecer en España y la Unión Europea debe ser respetando la ley y los procedimientos, luchando eficazmente contra el tráfico ilegal de personas.

ÚNICO PROCEDIMIENTO

De esta manera, con la nueva norma el Gobierno favorecerá los cauces que permitan la llegada de una inmigración legal, simplificando la gestión de permisos y visados y eliminando los trámites engorrosos en un único procedimiento.

Asimismo, en aras de mejorar la lucha contra la inmigración ilegal se reforzarán los procedimientos de detención, internamiento y expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros que accedan de forma ilegal en España. Además de incorporar las observaciones recientemente formuladas por el Tribunal Supremo, el texto normativo contemplará un refuerzo del cuadro de sanciones y se aumentarán las obligaciones de los transportistas para implicarlos aún más en la lucha contra la inmigración ilegal.

Finalmente, en la nueva ley se transpondrán las directivas comunitarias aprobadas en materia de inmigración desde el Consejo de Sevilla, que afectan, fundamentalmente, a la homologación de sanciones, obligaciones de los transportistas y al reconocimiento mutuo entre los Estados de la UE de las resoluciones de expulsión.