| La
Administración no necesitará pedir ni a los ciudadanos
ni a las empresas certificados sobre datos que ya posea el Estado,
lo que evitará algo más de 6 millones de trámites
en papel.
Tras
la entrada en vigor del Real
Decreto 209/2003 se suprimirá la tramitación
de 5 millones de certificados que actualmente emiten la Agencia
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Asimismo, se espera eliminar otro millón de certificados
en el plazo máximo de un año, la mayoría
de ellos emitidos por los registros civiles.
A
partir de ahora, las unidades de la administraciones que necesiten
datos de ciudadanos o de empresas podrán solicitarlas a
los departamentos de la administración que ya los tenga.
El Ministerio tiene pensado, además, suscribir convenios
con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para
que también ellos puedan evitar la gestión de tantos
certificados.
Este
proyecto permitirá, a largo plazo, presentar solicitudes
a la Administración todos los días del año
y las 24 horas del día a través de las nuevas tecnologías.
También proporcionará un domicilio electrónico
único a los ciudadanos para recibir notificaciones del
Estado.
Entre
otras cosas, el Decreto Ley evitará la presentación
de 1.550.000 certificados para solicitudes de subsidios de desempleo,
1.140.000 para ayudas de material escolar, 1.400.000 para becas
de estudiantes desplazados y 697.000 para suscripción de
seguros agrarios.
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