El Partido Popular ha introducido una enmienda en el Senado al texto del decreto para que los empresarios sólo tengan que pagar un máximo de dos meses de salarios de tramitación (aquellos que el empresario pagaba por el periodo entre un despido y la sentencia que dictaminaba éste como improcedente).

En un primer momento, el decreto eliminó totalmente los salarios de tramitación. Pero las quejas sindicales por esta eliminación y que supusieron uno de los principales motivos de la huelga general del 20 de junio hicieron rectificar al Gobierno.

Así, a través de enmiendas al texto en su tramitación como proyecto de ley en el Congreso, el Ejecutivo dio marcha atrás y encontró una fórmula para restituir, en parte, los salarios de tramitación.