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El Gobierno ha dado marcha atrás y parece haber acertado. Empresarios y sindicatos quedaron ayer satisfechos tras conocer los cambios que el Ejecutivo introducirá en el decretazo. Si bien ambas partes creen que hay matices que aún deben modificarse. El principal punto de la reforma impulsada por Eduardo Zaplana consiste en que los empresarios volverán a pagar salarios de tramitación, a no ser que admitan la improcedencia del despido y depositen la indemnización correspondiente durante las 48 horas siguientes a la extinción del contrato.

Apenas transcurridos cuatro meses de vigencia de la reforma del sistema de protección por desempleo (conocida como decretazo), el Gobierno ha decidido dar marcha atrás y modificar 'sustancialmente' su contenido, utilizando para ello las enmiendas del trámite parlamentario de la norma.

Pese a que el Ejecutivo ha argumentado en todo momento que se trata de 'mejoras técnicas', la verdad es que los sindicatos reconocen que se trata de cambios de calado en la legislación vigente que recogen siete de las ocho reivindicaciones sindicales que motivaron la huelga general del 20-J y la concentración del pasado 5 de octubre.

La principal modificación afecta a los polémicos salarios de tramitación (aquellos que el empresario pagaba a un trabajador desde el momento del despido hasta que un acta de conciliación o una sentencia dictaminaba la improcedencia del despido) que fueron totalmente eliminados con el decretazo y que suponía un claro abaratamiento del despido.

Con la nueva reforma, que se diseña en el Congreso, el empresario tendrá que volver a pagar salarios de tramitación, salvo que admita desde el primer momento la improcedencia del despido efectuado y deposite (consigne) en sede judicial la indemnización que legalmente le corresponda al trabajador. Si el empresario no consigna la indemnización comenzarán a correr los salarios de tramitación hasta que se produzca dicho depósito, ya sea a iniciativa del empresario, por orden de un acta de conciliación o por sentencia judicial.

Hasta que el decretazo eliminó los salarios de tramitación, el empresario también podía frenar su pago consignando la indemnización, pero en un plazo mayor (el trabajador tenía 20 días para demandar al empresario y los servicios de intermediación otros 15 días para llamar al acto de conciliación), por lo que en la práctica siempre se abonaba, al menos alrededor de un mes de salario de tramitación.

Además de restituir parcialmente los salarios de tramitación, en esta materia, el Gobierno ha decidido, por sorpresa, que en el caso de que éstos existan (siempre por decisión del empresario), los abonará en su totalidad la empresa. Antes de que el decretazo eliminara los salarios de tramitación, cuando un proceso judicial por un caso de despido excedía los 60 días, era el Estado el que pagaba los salarios que superaran esos dos meses, ya que se consideraba que era culpa del retraso de la Administración de Justicia.

Esta medida fue ayer frontalmente rechazada por los empresarios. El secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, tras entrevistarse con Zaplana para conocer estos cambios, declaró que la patronal 'no va a asumir los costes del retraso de la Administración de Justicia (...) los empresarios no vamos a pasar por ahí', enfatizó el dirigente empresarial.

Ante esta reacción de los empresarios, Zaplana, aunque dejó claro que el Gobierno 'ha sido todo lo flexible que ha podido', sí admitió que 'pensará' sobre la demanda empresarial.

Pero en general, CEOE y Cepyme no recibieron de mala gana la recuperación de los salarios de tramitación, ya que a cambio se les da la oportunidad en la práctica de despedir pagando la indemnización correspondiente sin acudir a actos de conciliación ni a juzgados, con lo que ello conlleva en ahorro de tiempo y dinero, según admiten los empresarios en privado.