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El
Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la extensión
de los juicios rápidos, que entrará en vigor a partir
de marzo del año que viene. Esta iniciativa del Pacto de
Estado para la Reforma de la Justicia, tramitada en dos proposiciones
de ley, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios,
salvo IU, que se abstuvo.
La
iniciativa permitirá enjuiciar en un máximo de 15
días los delitos penados con menos de cinco años
de prisión, y en 24 horas las faltas. Según declaró
en su día el director general de Modernización de
la Administración de Justicia, Alberto Dorrego, afectará
a siete de cada diez delitos registrados en nuestro país.
Se
trata de la primera gran reforma legislativa que se aprueba tras
la firma del Pacto de Estado por la Justicia, así como
una de las primeras medidas del plan del Gobierno contra la inseguridad
ciudadana. De hecho incide en los delitos y faltas que crean mayor
inseguridad, como los robos y hurtos. Asimismo permitirá
juzgar las agresiones de violencia doméstica en 24 horas
tras la detención del agresor, si se considera el hecho
como falta, y en 15 días si se trata de un delito de lesiones,
lo que conllevará una reducción del elevado porcentaje
de sentencias absolutorias por falta de pruebas y testimonios.
Todo
ello implicará 'un cambio de mentalidad en la justicia
penal gigantesco', según el Ministerio de Justicia, ya
que actualmente un delito de robo de vehículo puede tardar
un año en juzgarse. El ministro de Justicia, José
María Michavila, aseguró que la nueva ley podrá
aplicarse para atajar 'los delitos flagrantes', incluída
la violencia callejera en el País Vasco.
En
el Senado, el dictamen logró el apoyo unánime de
todos los grupos parlamentarios, aunque algunos, como el PSOE,
se abstuvo en aspectos puntuales. El consenso se repitió
ayer en el Congreso, aunque IU decidió abstenerse al calificar
de 'dudosa' la reforma.
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