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El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el pasado 5 de julio en relación con el caso Kepro, ha tenido ocasión de volver a manifestarse sobre el plazo de prescripción de los delitos fiscales. Para el Supremo, el hecho de que Hacienda sólo tenga cuatro años para investigar una deuda tributaria no significa que éste sea también el plazo que deba regir para los tribunales penales. Así, el Supremo ratifica, como ya hiciera en tres sentencias anteriores, que los delitos fiscales prescriben a los cinco años en el ámbito penal.

El tema, no exento de polémica, tiene su origen en el estatuto de los contribuyentes. Esta norma redujo de cinco a cuatro años el plazo de prescripción de las deudas fiscales. Es decir, limitó a cuatro años el tiempo que Hacienda tenía para investigar y cobrar una deuda.

Sin embargo, en el Código Penal, el plazo de prescripción fijado para el delito fiscal (aquellos en los que la deuda supera los 90.151,81 euros) es de cinco años. Y según afirma ahora el Supremo 'la asimilación del uno al otro de los dos plazos no está jurídicamente impuesta por ninguna norma, sino que, por el contrario, resulta impedida'.

Asimismo, el tribunal tiene en cuenta que 'las actuaciones judiciales no se iniciaron a instancia de la Administración tributaria, sino por una denuncia ajena a la misma'. De esta forma, explica el Supremo, con la prescripción de cuatro años que afecta a Hacienda sólo 'decae la posibilidad del erario público de actuar de manera autónoma en estos supuestos', pero subsiste la acción de otros sujetos.

Esta sentencia del Supremo es la cuarta en la que el alto tribunal manifiesta su parecer en materia de prescripción del delito fiscal. Sin embargo, según los expertos, aún es pronto para decir que ya hay jurisprudencia. La primera sentencia fue del 6 noviembre de 2000, a la que siguieron las del 10 y 30 de octubre de 2001. De éstas, la que más polémica levantó fue la del 10 de octubre sobre el caso Inverbroker. En ese momento, parecía que podía abrirse una puerta a la prescripción de cuatro años del delito fiscal. Una puerta que ahora parece cerrarse por completo.

Según informó ayer el diario La Vanguardia, Pau Molins, abogado encargado de la defensa de uno de los condenados en este caso, está estudiando interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.