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Las reformas legislativas, enumeradas por el titular de Justicia, José María Michavila, son ambiciosas y suponen el cogollo de un auténtico plan de choque para reducir los índices criminales. No obstante, su aplicación pasa por el trámite parlamentario. Michavila justificó la necesidad de ponerlas en marcha ante el incremento del número de pequeños y medianos delitos, el aumento de delincuentes multirreincidentes y la actuación de bandas criminales. Las medidas, con una inversión de 76 millones de euros, son:

Juicios rápidos. Ya se están celebrando, pero tras la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, posiblemente en octubre, se generalizarán. El fin es agilizar la tramitación de delitos flagrantes (hurtos, robos de coches, violencia doméstica...) con especial incidencia en la seguridad ciudadana. La instrucción del caso deberá celebrarse durante la guardia del juzgado y la vista tendrá lugar como máximo en 15 días. Se regularán los juicios de faltas para que se lleven a cabo en sólo unas horas o en un plazo muy breve. Se introduce la prueba preconstituida antes del juicio (en el caso de turistas que hayan sido víctimas de un delito se prevé muy efectiva) y la de celebrar el juicio en ausencia del imputado se amplía hasta una pena de dos años.

Prisión provisional. La finalidad de reformar esta delicada figura es evitar que algunos delincuentes se sustraigan a la acción de la justicia, caso frecuente en extranjeros delincuentes sin domicilio ni arraigo.

Código Penal. La aspiración de las mejoras, que suponen un evidente endurecimiento punitivo, es reducir la inseguridad ciudadana y combatir la delincuencia especializada. El Gobierno introducirá el llamado «periodo de seguridad»: cuando la pena de prisión supere los cinco años el juez no podrá conceder el tercer grado penitenciario hasta que el reo haya cumplido la mitad de condena. Pasado el primer año, el magistrado puede aplicar el régimen general (se trata de evitar que se pueda acceder al tercer grado desde el primer día de ingreso en la cárcel). En algunos delitos el arresto de fin de semana puede sustituirse por penas de cárcel de entre 3 y 6 meses, y la segunda condena obliga a que se hagan efectivas las anteriores. El cómputo de beneficios penitenciarios también se endurece y en lugar de aplicarse sobre la pena máxima -en los casos más graves entre 25 y 30 años-, el Gobierno pretende que se realice sobre la totalidad de la condena impuesta con carácter obligatorio. Se ampliará la duración del alejamiento de la víctima de cinco a diez años y se podrá compatibilizar con el ingreso en prisión. Las penas también podrán ser mayores si concurren dos agravantes o se produce un delito continuado. Se tipificarán nuevos delitos como los robos de telefonía móvil o la piratería y se regularán de forma específica conductas ilegales de explotación de extranjeros (venta de permisos, «pasadores» de personas, explotación sexual...).

Extranjería. Expulsión obligatoria de extranjeros inculpados en procedimientos con penas inferiores a seis años o condenados a la misma y favorecer el ingreso de extranjeros en centros de internamiento a la espera de su expulsión.

Euro-orden. La Euro-orden equivaldrá a suprimir la fase administrativa en la extradiciones, con un procedimiento de juez a juez. Se elimina el requisito de doble incriminación para 32 delitos, entre ellos el tráfico de drogas, de seres humanos, abuso sexual de menores y piratería.

Jueces y fiscales. Este año se crearán 80 plazas de jueces penales y 70 de fiscales. Se reforzarán los forenses, peritos e intérpretes.