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La Asociación de Mujeres Juristas Themis, Jueces para la Democracia y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas piden al Gobierno la creación de un fondo público que adelante las pensiones impagadas tras la ruptura familiar y las reclame luego a los ex cónyuges morosos. Esta petición se produce tras anunciar EE UU que encarcelará a los separados deudores. El PP prometió implantar esta medida, al igual que los socialistas cuando estaban en el poder. Las denuncias por impago de pensiones han crecido un 15% en tres años, según datos de 1999 de la Fiscalía.

La separación y el divorcio, que ya provocan más de 100.000 sentencias anuales, suelen tener como consecuencia que uno de los cónyuges (generalmente el hombre) quede obligado a pasar una pensión a los hijos y, en ciertos casos, también a la pareja. Sin embargo, los impagos son frecuentes. Esto provoca serias dificultades económicas que en otros países de la Unión Europea se subsanan con la existencia de un fondo público que adelanta la pensión y la reclama después al cónyuge moroso. España carece de un mecanismo similar, pese a las promesas realizadas por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP.

En España, entre 1997 y 1999 aumentaron un 15,2% las denuncias por impago de pensiones familiares que investigó el Ministerio Público, según las memorias de la Fiscalía General del Estado. En 1997 se iniciaron 7.896 diligencias penales por ese motivo. En 1999 ascendieron a 9.101. Al año siguiente, en cambio, las denuncias investigadas se redujeron el 31%.

Arresto en fin de semana

El impago de las pensiones familiares es un delito castigado con una pena de arresto de ocho a 20 fines de semana. Sólo en Madrid, donde se tramitan anualmente unos 10.000 procesos de separación o divorcio, se dictan unas 1.000 condenas anuales por impago de pensiones, según fuentes judiciales.

El fondo debería funcionar tanto para las pensiones de los hijos como para la de los ex cónyuges, afirma Alemany. Pérez del Campo se muestra de acuerdo. Ambas piden también al Gobierno central que dé instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que el ministerio público extreme el celo 'para perseguir el impago de las pensiones de separación y divorcio e investigar la insolvencia'. Esta suele aducirse para justificar la falta de pago. Este tipo de actuación iría en la línea de la adoptada semanas atrás por el Gobierno de EE UU al iniciar una redada de padres morosos. Allí ese problema afecta al menos a una de cada tres parejas divorciadas.

El veterano letrado Luis Zarraluqui, presidente de la Asociación de Abogados de Familia, se muestra un tanto escéptico ante la 'exageración' de algunos datos 'no comprobados' sobre impago de pensiones, pero considera 'razonable' la creación del fondo estatal para pago de pensiones alimenticias impagadas, aunque duda si debe abarcar también a las pensiones compensatorias al ex cónyuge.