Europa Press

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha dado un plazo de entre una semana y diez días a Opening English School para liberar a sus 45.000 alumnos de centros propios de los créditos con entidades financieras con que pagan los cursos.

De no ser así, Ausbanc presentará una querella criminal contra la empresa "por estafa o quiebra fraudulenta", según señaló el presidente de esta asociación, Luis Pineda, quien añadió que acudir a los tribunales supondría la paralización de la ejecución de los préstamos.

En declaraciones a Europa Press, Pineda consideró que los préstamos con el que los alumnos de Opening financian sus cursos son de hecho "préstamos vinculados" --regulados por directivas europeas, legislación de protección de consumo y la Ley de créditos al consumo--.

Así, Ausbanc estima que los créditos están vinculados a la realización de los cursos, "aunque formalmente se haya querido aparentar otra cosa", y al haberse dejado de dar servicio, los alumnos tendrían que quedar liberados de los pagos.

Pineda reclamó a las administraciones públicas de Consumo que hagan suyos estos argumentos y "actúen en consecuencia". "Tienen que comunicar al sistema financiero que estos créditos no pueden ser reclamados porque no son los llamados al pago, ya que no han recibido el bien vinculado al préstamo".

Ausbanc reclamó que los alumnos no tengan que terminar de pagar el préstamo y que no sean incluidos en ningún registro de morosos. Pineda considera que este asunto se está tratando de forma "torpe e incompetente". "Es de puro y sentido común", en opinión de Pineda, que los alumnos no tengan que pagar por un servicio que no perciben.

RECOMIENDA DEJAR DE PAGAR LOS CRÉDITOS.

Por su parte, el abogado de Ausbanc Daniel Basterra recomendó hoy a todos los alumnos de Opening "que dejen de abonar los recibos de crédito porque la prestación fundamental que se les tiene que entregar, en este caso un curso de inglés, no se les va a dar".

En declaraciones a Europa Press Televisión, explicó que "la ley de crédito al consumo establece que si una persona no recibe el producto o prestación contratada no está obligada a abonar la financiación".

En este sentido, señaló que "deberían dar un aviso a la entidad financiera de que está enviando los recibos del préstamo, anunciándola que, como por causas ajenas al prestatario no se va a poder seguir adelante con la enseñanza contratada, se solicita que se suspenda el pago del préstamo".

Asimismo, Basterra aseguró que "desde hace más de un año" ellos vienen recibiendo quejas de "gente que quería renunciar a sus cursos porque no se les daban en las condiciones previstas" por lo que subrayó que ya en ese momento anunciaron los posibles riesgos que podían existir.

Por último, Basterra explicó que "el pago de estos servicios se hace a una entidad bancaria" y añadió que "en el momento en el que se contrata la prestación principal se suelen firmar también otros documentos, alguno de los cuales está destinado a formalizar un préstamo con una entidad financiera" en muchas ocasiones sin que el cliente lo sepa, algo de lo que tiene conocimiento "al realizar el primer pago".

ACCIONES DE LOS TRABAJADORES.

Por otra parte, los trabajadores de Opening English School estudian pedir por vía judicial un expediente de regulación de empleo para recuperar los salarios atrasados desde que la empresa cerrara sus 74 centros propios en toda España a principios de agosto, según el coordinador de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Catalunya, José María Gordillo. En toda España, esta filial de CEAC tiene 1.200 trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, Gordillo dijo que los trabajadores podrían instar al juez para que declarara una situación de ruptura de de la relación laboral entre asalariados y empresa, pidiendo un expediente de regulación de empleo para reclamar los salarios retrasados o el subsidio de paro. Gordillo recordó que Opening está pendiente de la solución que, en menos de diez días, establezcan los juzgados a raíz de la presentación de suspensión de pagos, hecha efectiva a finales de julio.

CC.OO. estudia presentar ante el juez un único expediente de regulación en Barcelona si los trabajadores lo aprueban así de forma mayoritaria, para lo que se pondrá en contacto con sus federaciones en todo el territorio nacional. En Barcelona, los trabajadores se reunirán el viernes en una asamblea --antes sus representantes lo habrán hecho con los responsables de Opening-- para decidir su postura, según Gordillo.

El portavoz de CC.OO. señaló asimismo que todavía hoy la empresa todavía no les había comunicado de forma oficial su intención de no abrir las puertas de sus 74 centros propios en toda España a partir del próximo lunes, como anteriormente habían prometido. "No nos han dicho nada y esto es muy grave, porque tienen la obligación de comunicarse con los trabajadores para explicarles la situación", señaló.

AGRUPACIÓN DE ALUMNOS AFECTADOS.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Catalunya (OCUC) quiere crear una agrupación de alumnos afectados --unos 10.000 en Catalunya-- para realizar una reclamación conjunta, según señaló su portavoz, Albert Pons, en declaraciones a Europa Press. Además, la OCUC quiere pactar con las entidades financieras de Opening una suspensión del cobro de las deudas para que se pueda reanudar el servicio.

Además, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) rechazó tajantemente una ayuda financiera a Opening, tal como volvió a pedir su director general, Rafael Macía. "No podemos dar ningún crédito a esta empresa porque ella misma ha presentado suspensión de pagos y los jueces todavía no han dicho lo que tiene que hacer la empresa", señaló una portavoz del ICF. La Generalitat considera que para pedir un crédito en estas situaciones, siempre tiene que haber una garantía por parte de un socio capitalista, algo que en este caso no se da.