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La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado el dictamen de la ley reguladora de la autonomía del paciente, que permitirá a cualquier persona rechazar la prolongación artificial su vida, cuestión que todos los grupos desligaron de la eutanasia.

Ese documento, que en diversas normas autonómicas se había denominado "testamento vital o de voluntades anticipadas", se llama en el texto aprobado de "instrucciones previas" y permitirá rechazar, por ejemplo, la respiración mecánica asistida o un tratamiento ante un cáncer extendido e irreversible.

En el texto aprobado, que pasará al pleno del Congreso la próxima semana y posteriormente al Senado, se garantiza que una persona "mayor de edad, capaz y libre" pueda manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y tratamientos de su salud para que se cumplan sus deseos cuando se no sea capaz de expresarlos personalmente.

Las comunidades establecerán las condiciones

En esos documentos, cuyas condiciones deberá fijar cada Comunidad Autónoma y que se centralizarán en un registro en el Ministerio de Sanidad, se podrá fijar también qué quiere el paciente que se haga con su cuerpo y sus órganos en caso de fallecimiento.

No se cumplirán las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico o a la "lex artis", las pautas de actuación generalizadas en virtud de la evidencia científica.

Todos los grupos han desligado la norma de la eutanasia, un debate que, según el portavoz del PSOE, todavía no se ha producido en su grupo porque no cuenta con demanda social.

Información previa

Además del documento de instrucciones previas, la ley garantiza el derecho del paciente a recibir información previa para elegir médico y centro, según la normativa que establezca cada servicio de salud autonómico.

Otro de los objetivos principales de la ley, que obliga a los pacientes a facilitar datos sobre su salud "de forma leal y verdadera" cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria, es garantizar el derecho a ser informado de las intervenciones a las que se debe someter.

El paciente además deberá prestar su consentimiento ante una actuación sanitaria; éste será verbal por regla general, pero tendrá que ser escrito cuando se trate de intervenciones quirúrgicas, de procedimientos diagnósticos invasores o de actuaciones que supongan riesgos para la salud.

Otras novedades

En el dictamen se regula el contenido de la historia clínica y se garantiza la confidencialidad de los datos referidos a la salud, que deberá garantizar cada centro.

Otro punto novedoso es la regulación del alta médica: si el paciente no acepta el tratamiento prescrito, se le propondrá la firma del alta voluntaria; si no la firma y no existe tratamiento alternativo aunque sea sólo de carácter paliativo, el centro podrá disponer del alta forzosa, aunque si el enfermo no está de acuerdo será el juez quien decida.

Todos los portavoces mostraron básicamente su acuerdo con una norma que "humaniza la medicina", como dijo la diputada de CiU, Zoila Riera, pero la representante del PNV, Margarita Uría, aseguró que ésta queda "coja" al no establecer un régimen sancionador específico.