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Los contribuyentes que alquilen viviendas desocupadas o de nueva construcción este mismo año podrán beneficiarse de la deducción en el IRPF.

EuropaPress

Los propietarios de viviendas que no hayan estado anteriormente alquiladas y que sean puestas en alquiler entre el 19 de abril de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 disfrutarán de una reducción adicional en el IRPF del 25 por ciento de los ingresos brutos durante un tiempo máximo de cinco años, que se suma a la reducción general también del 25 por ciento por el alquiler de vivienda, según informaron hoy fuentes de Hacienda.

De esta manera, los propietarios de viviendas destinadas al alquiler podrán reducirse en su declaración del IRPF un 50 por ciento de los ingresos brutos que obtengan por este alquiler, además de deducirse los intereses en el caso de ser una vivienda comprada mediante un crédito, la amortización del inmueble del 3 por ciento sobre su valor de adquisición o catastral, los tributos y recargos no estatales (el Impuesto de Bienes Inmuebles) y los saldos de dudoso cobro o impagos.

La reducción general del 25 por ciento sobre la tributación de los bienes inmuebles arrendados se desglosa en una reducción del 10 por ciento de gastos de difícil justificación, que se aplica sobre el rendimiento neto del alquiler, y una reducción del 15 por ciento sobre los ingresos brutos.

Los propietarios de inmuebles que no sean específicamente viviendas y los pongan en alquiler podrán también disfrutar de todas estas deducciones, expceto de la reducción del 15 por ciento sobre los ingresos brutos y del 25 por ciento adicional cuando el inmueble se alquile por primera vez.

Este incentivo adicional del 25 por ciento se trata de una ayuda de carácter temporal durante un máximo de cinco años y se puede aplicar, además de a las viviendas que no hayan sido alquiladas anteriormente, a las viviendas de nueva construcción que se destinen al alquiler por primera vez. Según fuentes de Hacienda, con estas nuevas reducciones contempladas en la reforma del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2003, se persigue aumentar la oferta de viviendas en alquiler, aflorar los arrendamientos no declarados y abaratar el precio de las viviendas que se destinan a este fin.