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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley, suscrita por todos los grupos parlamentarios, que recoge el nuevo procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de delitos menores y flagrantes en un plazo de 15 días, lo que supone dar luz verde a su tramitación parlamentaria. La iniciativa fue aprobada con 294 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

El portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, señaló que la reforma propuesta era "ineludible" y abogó por llevarla a cabo "con urgencia" a través de los trámites parlamentarios previstos. En este sentido, destacó el consenso alcanzado por todos los grupos que han presentado esta proposición, lo que no quiere decir que esta iniciativa sea "intocable".

A su vez, el portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero, indicó que esta proposición hará "más eficaz" la reforma de la Justicia. En este sentido, mostró su preocupación por los retrasos en los procesos penales que, a su juicio, traen consigo dos consecuencias: "la reiteración de conductas delictivas y la sensación de impunidad en la sociedad".

Por CiU, Manel Josep Silva indicó que es necesario un "cambio de mentalidad" para que la reforma para la celebración de juicios rápidos llegue a buen puerto. Así, estimó más favorable que alguien esté privado de libertad por sentencia y no por que un juez decrete su prisión preventiva.

Para el portavoz de Justicia de IU, Luis Carlos Rejón, la clave de la realización de juicios rápidos "no está tanto en la legislación, sino en la reforma de medios organizativos". Según afirmó, en Barcelona se realizan en la actualidad más juicios rápidos que en Madrid porque la Ciudad Condal posee un Juzgado de guardia más, a pesar de que la capital cuenta con más habitantes.

La portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, señaló que los juicios rápidos es "algo que la sociedad está demandando" y, aunque alabó las virtudes de la proposición de ley, anunció que presentarán una serie de enmiendas ante lo que consideran defectos en la reforma. Por su parte, Luis Mardones, de Coalición Canaria, indicó que esta propuesta exige el consenso que ha tenido ante un tema "difícil".

Finalmente, Begoña Lasagabaster, de EA y en representación del Grupo Mixto, abogó por que la reforma se desarrolle bajo "mecanismos creíbles para que los agentes encargados de llevarla a cabo estén concienciados de que es posible".

INSEGURIDAD CIUDADANA

Los juicios rápidos, en un máximo de 15 días, se aplicarán a todos los delitos y faltas con penas inferiores a los nueve años de prisión que reúnan los siguientes requisitos: ser flagrantes, de fácil investigación e incidir en la inseguridad ciudadana. Ello incluye los "tirones", y los hurtos y robos en calles, tiendas o grandes superficies, los robos de vehículos, y los delitos contra la seguridad del tráfico.

Asimismo, se ha decidido incluir delitos especialmente sensibles para la sociedad, como son los malos tratos y la violencia doméstica, en su modalidad de lesiones, agresiones, coacciones y amenazas. Los juicios rápidos se aplicarán en todo el territorio nacional, aunque serán especialmente útiles en las grandes ciudades y las zonas turísticas, donde ha repuntado en las últimas fechas la inseguridad ciudadana.

En caso de juicios de faltas, es decir, los robos por importe inferior a 300 euros (50.000 pesetas), los juicios tendrán que celebrarse en un periodo máximo de 72 horas, que será de 24 horas en las grandes ciudades. Si se trata de delitos (en el caso de los robos, si el importe es superior a 300 euros), el juez de guardia deberá fecha para el juicio ante el juez de lo Penal en un plazo máximo de 15 días.

El objetivo principal de esta reforma es combatir la reincidencia, puesto que la lentitud de la justicia produce que delincuentes reincidentes puedan ser puestos a disposición de la justicia muchas veces, pero en la medida de que no son condenados y que las penas previstas son menores, continúan en la calle. Con esta reforma, esos delincuentes podrían ser condenados en quince días, al suprimir el plazo mínimo actual de enjuiciamiento de diez días desde la detención.

SÁBADOS HÁBILES.

Por otra parte, la propuesta del PSOE, apoyada por IU, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inhábiles los sábados en la administración de Justicia fue rechazada hoy por los votos en contra de PP, CC y CiU, mientras que el PNV se abstuvo. La iniciativa socialista recibió 113 votos a favor y 162 en contra.

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, defendió la proposición de su Grupo Parlamentario alegando que, atendiendo a acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se parte de "la realidad de que los sábados no eran días hábiles". "La aplicación de las normas de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil hace que la tradicional ficción del carácter hábil de los sábados se haya convertido en un problema real más en el funcionamiento de la Administración de Justicia", añadió.

De la misma forma, el portavoz de Justicia de IU, Luis Carlos Rejón, señaló que la propuesta socialista era "perfectamente razonable", ya que, según afirmó, "todo el mundo sabe que el sábado no es un día hábil".

Por contra, el portavoz de Justicia del PP, Aurelio Romero, recordó que el deseo de que los sábados sean declarados inhábiles no es nuevo, pero matizó que, si "se trata de hacer las cosas bien y en condiciones", la iniciativa socialista "carece absolutamente de rigor y está hecha con ligereza".

Desde Coalición Canaria, Luis Mardones profundizó en este sentido y subrayó que a la proposición del PSOE "le falta un consenso dentro del Pacto de Estado Justicia". Manel Josep Silva, de CiU, sugirió al PSOE que no había actuado "correctamente", al presentar esta iniciativa de forma unilateral.

Por su parte, la portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, reconoció que la iniciativa le suscitó en un principio una "cierta simpatía", aunque añadió que "no se ha sopesado lo suficientemente con factores como las dilaciones indebidas" en la administración de Justicia.