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Según ha podido saber ABC las conclusiones de esta comisión, presidida por Manuel Lagares, harán hincapié en la necesidad de reducir los tipos máximo y mínimo del tributo, así como el número de tramos del impuesto; incrementar el mínimo personal y familiar; introducir incentivos fiscales al alquiler de vivienda; avanzar en la eliminación de la transparencia fiscal y mejorar el tratamiento del ahorro a largo plazo. El documento que ha elaborado este grupo de expertos no da cifras concretas, sino márgenes entre los que Hacienda debería optar.

Sobre estas bases genéricas, y sobre las promesas electorales del propio PP, es sobre las que ya están trabajando los técnicos de Hacienda. Aunque las cifras definitivas están en el aire, hay algunas que Hacienda tiene ya muy claras. Este es el caso de los tipos máximo y mínimo del tributo, que pasarán del 48 al 46% y del 18 al 15%, respectivamente.

Ligada a esta reducción del tipo mínimo, la retención sobre los rendimientos del capital bajaría también al 15% y lo mismo ocurriría con las plusvalías obtenidas con la venta de inmuebles, activos, participaciones en fondos, etc., generadas en más de un año, que tributarían al 15% en lugar de al 18% actual.

Otro de los objetivos de la reforma en materia de ahorro es neutralizar al máximo posible el efecto de la fiscalidad en las decisiones que toman los inversores, así como aumentar la competencia entre los distintos tipos de activos financieros. En este sentido, y aunque su aplicación técnica es compleja por los problemas de control de fraude que plantea, se están estudiando fórmulas para facilitar el trasvase. Por ejemplo, entre distintos fondos de inversión, de modo que no se tribute por las plusvalías generadas en el momento de trasladar los ahorros de un fondo a otro.

La reducción del número de tramos en la tarifa del tributo será otra de las novedades. Aunque todavía no hay una decisión definitiva, la propuesta en estudio en estos momentos es la de establecer una tarifa con cuatro tramos, frente a los seis actuales.

En cuanto a los planes de pensiones, los cambios en estudio se refieren a la tributación de las prestaciones. Se trata de fomentar que en el momento del cobro de la prestación, ésta se reciba en forma de renta y no de capital, de forma que funcione como un verdadero complemento de la pensión pública. En estos momentos, la fiscalidad es más ventajosa si la prestación se cobra en forma de capital, ya que tiene una reducción del 40% mientras que si se percibe en forma de renta, bien sea financiera o vitalicia, las cantidades percibidas se suman al resto de ingresos sin ninguna reducción.

El problema radica en que si se establece un trato privilegiado para este tipo de prestaciones se podría crear una discriminación a favor de las pensiones privadas frente a las públicas.

En materia de vivienda, el principal objetivo se refiere a fomentar el número de viviendas en alquiler, para lo que se establecerá una nueva deducción para los propietarios.

La familia vuelve a ser otro de los objetivos de la próxima reforma, para lo que se incrementarán los mínimos personales y familiares primando dos circunstancias: el salto al segundo hijo y los gastos suplementarios que conllevan el nacimiento del nuevo vástago.

El nuevo impuesto pretende también fomentar la búsqueda y la aceptación de un puesto de trabajo por parte de las personas que estén cobrando el subsidio de desempleo. En materia empresarial se está planteando la posibilidad de suprimir la obligatoriedad de este régimen, como se solicita desde distintos ámbitos económicos y sociales.

Alternativa del PSOE sobre IRPF

El PSOE, por su parte, presentará el próximo mes de mayo su propuesta alternativa a la reforma del IRPF, que pasa por establecer uno o dos tramos del impuesto, que se correspondería con uno o dos tipos. Para evitar la pérdida de progresividad del tributo se establecerían recargos para las rentas más altas.