Europa Press
La
Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó fraude
en la contratación temporal en el 48,6 por ciento de las
5.499 empresas investigadas en 2001, informó el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
En
concreto, los inspectores detectaron 2.672 infracciones en materia
de contratación temporal y han extendido actas de infracción
a las empresas por importe de casi 1,21 millones de euros.
El
objetivo de esta campaña, realizada en colaboración
con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), es detectar aquellos
contratos temporales irregulares que estuvieran encubriendo relaciones
laborales de carácter indefinido, con grave perjuicio para
los trabajadores. En total, se investigaron en 2001 un total de
13.238 contratos de trabajo.
Esta
acción inspectora permitió regularizar la situación
de 3.973 trabajadores, cuyos contratos temporales pasaron a convertirse
en indefinidos.
Los
controles realizados se han centrado sobre un conjunto de empresas
previamente seleccionadas, cuyo comportamiento a la hora de contratar
hacía presumir la existencia de una infracción.
El
objetivo de la campaña es vigilar y controlar el uso de
prácticas dirigidas a eludir la contratación indefinida
mediante el uso de modalidades de contratación temporal.
Se ha vigilado especialmente la práctica del encadenamiento
de contratos temporales que se realizan sucesivamente a un mismo
trabajador y en la misma ocupación, en un periodo inferior
a dos años, así como el uso excesivo de la prórroga
de contratos eventuales.
La
campaña pretende evitar la posible precarización
del mercado de trabajo a que puede dar lugar el uso abusivo de
la contratación temporal. Estas prácticas constituyen
un indicio de uso fraudulento del contrato temporal y pueden dar
lugar a una infracción grave en materia laboral, contemplada
en la Ley de Infracciones y Sanciones Laborales.
La
actuación inspectora implica el examen de los contratos
y sus características, el análisis del puesto de
trabajo, las funciones que lleva a cabo el trabajador, así
como la comprobación de la causa alegada a la hora de elegir
la modalidad contractual.
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