Ministerio de Justicia

Por primera vez los ciudadanos verán recogidos todos sus derechos ante la Administración de Justicia en una Carta que ha sido consensuada en la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reforma de la Justicia, presidida por el ministro Ángel Acebes. Ese conjunto de normas presentada a través de una proposición no de ley conllevará un cambio muy importante en la forma de entender la Justicia en España, primando la calidad del servicio público, modernizándola y haciéndola más transparente. El texto, que recoge las aportaciones de todas las entidades e instituciones de la Justicia, hace especial hincapié en los derechos de los ciudadanos más desprotegidos, como las víctimas de la violencia doméstica, discapacitados y menores de edad.

CLARIDAD Y SENCILLEZ

La Carta supone, a juicio de Acebes, un catálogo de derechos que supondrá una mejora de la Justicia desde todos los ámbitos. Se pretende, por ejemplo, que el justiciable tenga acceso a una justicia transparente de tal modo que sepa el ciudadano en todo momento en qué situación se encuentra su proceso o que las notificaciones y actos judiciales sean fácilmente comprensibles y entendibles, con un lenguaje claro y sencillo en cualquiera de las lenguas oficiales de las respectivas comunidades autónomas.

También se podrán formular quejas y reclamaciones sobre cualquier posible funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, se podrá igualmente exigir responsabilidades y se deberán tramitar los procedimientos de forma ágil, dentro de los plazos legalmente establecidos. Para ello el ciudadano tendrá derecho a comunicarse con la Administración a través de los nuevos medios tecnológicos, como el correo electrónico, la videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales. Además, los interesados tal y como se recalca en esta Carta, tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Uno de los aspectos más importantes de esta Carta es mejorar la atención a las víctimas de los delitos, especialmente a los que sufren la violencia doméstica—se pondrá a su disposición todos los medios técnicos que resulten necesarios para su debida protección, tales como instrumentos de localización y mecanismos de teleasistencia--, a los menores de edad y a los discapacitados. Para ello se van a potenciar los cometidos de las Oficinas de Atención a las Víctimas y se van a ampliar sus funciones buscando un servicio integral.

De hecho, se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambas se encuentren en dependencias judiciales y podrá ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales. Al menor, según esta Carta de Derechos, se le quiere proteger para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo y a los discapacitados para superar sus problemas de comunicación y de acceso a los edificios judiciales. También hay una mención especial a los derechos de los inmigrantes ante la Justicia. Así se garantizará el uso de un intérprete cuando el extranjero no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma. Los extranjeros inmigrantes en España tendrán derecho, en todo caso, a recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia y los jueces y tribunales velarán en todo momento por el cumplimiento de este derecho.

DERECHOS DEL CLIENTE

Asimismo en esta Carta se establece un conjunto de medidas para reforzar la relación del cliente con abogados y procuradores. Así, el ciudadano tendrá derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita. En este sentido, podrá conocer el presupuesto por anticipado del abogado o procurador, así como disponer de una copia de todos los escritos que éste presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. Se potenciarán asimismo los Servicios de Orientación Jurídica, dependientes de los Colegios de Abogados. El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto será regularmente informado por el Gobierno y los Órganos de Estado e Instituciones Públicas que lo soliciten.

PACTO DE ESTADO

La redacción de una Carta que velara por los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia ha sido un objetivo marcado por Ángel Acebes desde que llegó al Ministerio de Justicia. De hecho uno de los veintitrés puntos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia establece como mandato la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Con estos parámetros se constituyó un grupo de trabajo el pasado 12 de diciembre, bajo la presidencia de José María Michavila, y con la presencia de los portavoces de Justicia de todos los grupos parlamentarios que ha culminado ahora, tres meses después, con la presentación de esta proposición no de ley donde se recogen las aportaciones de todos los sectores involucrados en la Administración de Justicia, desde la Fiscalía General del Estado hasta el Consejo General del Poder Judicial, pasando por el Consejo General de la Abogacía, Colegio de Procuradores, asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y sindicatos.