La Vanguardia

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en colaboración con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Rodrigo Rato, ultima la tercera fase de la reforma laboral que se aprobará en los próximos meses para que entre en vigor antes del próximo año.

Esta nueva fase de la reforma se centrará en la reducción de la fiscalidad del empleo, modificaciones en el sistema de reforma de la protección social encaminada a fomentar la búsqueda de empleo por los parados, el incremento de la productividad y el aumento de la movilidad geográfica y funcional. También se pretende terminar con el sistema de prejubilaciones e incrementar el porcentaje de población activa entre los mayores de 55 años.

Trabajo está elaborando una serie de medidas dirigidas a estimular la búsqueda de empleo de los parados. Los técnicos del Banco de España habían recomendado rebajar el periodo de cobro del seguro de desempleo fijado en la actualidad en 12 meses prorrogables otros 12. La idea era que los desempleados no empiezan a buscar un empleo hasta que se les agotan las prestaciones. Según esos técnicos, esta situación provoca que en determinada áreas geográficas coexistan un elevado número de desempleados y una fuerte demanda de mano de obra que tiene que cubrirse con trabajadores extranjeros.

Trabajo, sin embargo, no aceptó estas recomendaciones por entender que serían como una declaración de guerra a los sindicatos y pondría en peligro todo el proceso de concertación social. Ésta es la razón por la que se ha decidido aprovechar la reforma del IRPF que se aprobará en los próximos meses para introducir una rebaja de los impuestos a los parados que acepten un puesto de trabajo de una categoría profesional inferior a la suya o fuera de su área geográfica.

Hacienda cree que se favorecerá un ahorro para el Estado, al recortar el tiempo de percepción del seguro de paro, y que obtendrá más ingresos por cotizaciones sociales. Ambos factores compensarían el coste fiscal. Esta fórmula ya ha sido puesta en práctica en Alemania con cierto éxito.

La segunda medida dentro de las recomendaciones europeas de reducir la fiscalidad del empleo es la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social. El Gobierno rechaza una rebaja generalizada como la pedida por la patronal CEOE aprovechando el fuerte superávit de 5.500 millones de euros que el año pasado alcanzó el sistema público de pensiones. La estrategia elegida es una rebaja selectiva, reduciendo el coste laboral no salarial de los contratos de mujeres para incrementar la tasa de actividad femenina, parados de larga duración, trabajadores maduros y jóvenes. También se rebajarán las cotizaciones para los nuevos contratos fijos con el objetivo de reducir la tasa de precariedad que sigue instalada en el 32% del total.

El tercer elemento es lograr empleos rentables. De tal manera que los salarios se liguen cada vez más a la productividad de cada trabajador. Para ello se quiere potenciar la formación profesional continua, de forma que a los trabajadores de baja cualificación sus propias empresas los preparen para utilizar medios de producción cada vez más avanzados. No aceptar este tipo de cursos de formación supondría salarios más bajos.

Uno de los elementos más importantes que prepara el Gobierno es incrementar la movilidad geográfica y funcional. Para ello se pretende reformar el Instituto Nacional de Empleo (Inem) de forma que se conviertan en auténticos intermediarios y no en simples pagadores del seguro de paro. El Gobierno argumenta que no es posible que la tasa de desempleo en algunas autonomías como Cataluña apenas alcance el 7% y en Andalucía se acerque al 20%. Para evitar estas diferencias se pretende que las ofertas de trabajo que existen en las autonomías con mayor crecimiento económico se conozcan en todo el territorio, para que sean accesibles a todos. Paralelamente, se facilitarán ayudas fiscales para que el cambio de residencia resulte rentable y compense el incremento de gastos en vivienda. En la formación profesional se mejorarán los recursos.