Europa Press

La Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno y procedió a anular y a dejar sin efecto la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la congelación salarial de los empleados públicos en 1997.

El Supremo desestima así los argumentos expuestos por los sindicatos, que recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que ha sido vulnerada la tutela judicial efectiva.

El Gobierno cree que es una sentencia "lógica y de sentido común" y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, asegura que el Supremo le ha dado bula para hacer lo que quiera.

Aunque el contenido de la sentencia y las razones que han llevado al Supremo a dar la razón al Gobierno no se conocerán hasta dentro de una semana, lo cierto es que se sabe que todos los magistrados de la Sala han votado por unanimidad a favor de la estimación del recurso del Ejecutivo contra el contencioso administrativo que presentaron las Federaciones de Enseñanza y Servicios Públicos de UGT y la de Administraciones Públicas de CC OO contra la congelación salarial de los empleados públicos.

Desde los sindicatos se insinúa que el fallo ha sido favorable al Ejecutivo porque los recurrentes no han sido ellos, sino el Gobierno. La letrada de CC OO que lleva el caso, Carmen Perona, confiaba en que el Supremo adoptara una decisión 'salomónica' y estimara parte de los argumentos del sindicato y parte de los del Ejecutivo, pero no ha sido así.

Tras conocer el fallo, el sindicato ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para lo que tiene un plazo de 20 días, al entender que el Supremo supone un cambio para el sistema judicial español y que ha sido vulnerada la tutela judicial efectiva.