Expansión

El plan, recogido en el Estatuto de Nueva Empresa presentado ayer por el Ejecutivo, supone unificar los ocho trámites y más de quince formularios en un sólo acto que permitirá constituir una empresa en 24 horas. El sistema, además, estrecha el cerco al fraude tributario y laboral.

Empresas en 24 horas, con un sólo trámite y procedimientos contables y administrativos abreviados. Son algunos de los objetivos que el Gobierno ha incorporado en el Estatuto de Nueva Empresa y que se convierten en el programa del Ministerio de Economía para relanzar la creación de empresas en España y acabar con la fuerte atrofia burocrática que sufre el sistema actual de constitución de negocios.

El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, destacó ayer en la presentación del Estatuto que actualmente, cuatro de cada diez empresas que se crean, desaparecen en un plazo máximo de 4 años; el dato se eleva hasta el 49% si sólo se tienen en cuenta las empresas sin asalariados.

La unión de este preocupante dato al hecho de que el 68% del empleo nacional depende de las pequeñas y medianas empresas, como destacó Rato, ha llevado al Gobierno a lanzar una estrategia contra los principales problemas de las pymes.

Como remedio contra los dilatados y farragosos procesos para crear una empresa, que actualmente pueden suponer más de dos meses de espera, el Ministerio de Economía ha optado por unificar bajo la figura del notario todos los trámites necesarios para poder fundar un negocio.

Registros e impuestos
De esta forma, será el propio notario el encargado de contactar con la Agencia Tributaria para tramitar, vía Internet, el pago directo del Impuesto de Actos Jurídicos y el Impuesto de Actividades Económicas.

En esa misma operación, será el propio fedatario público el que contactará con la Seguridad Social y con el Registro Mercantil, para realizar el alta como cotizante y para inscribir oficialmente la nueva sociedad, reduciendo, así, al mínimo las posibilidades de fraude. Todos estos trámites serán plenamente efectivos en un periodo entre 24 y 48 horas.

Estos trámites se podrán realizar también íntegramente a través de Internet, por medio del denominado DUE (documento único electrónico), al que se podrá acceder a través del Portal Pyme que constituirá antes de acabar el año la Dirección General de la Pyme.

Las empresas que se podrán acoger a esta fórmula serán aquellas formadas por socios que sean personas físicas y que constituyan sociedades con un capital social comprendido entre 3.012 euros (501.155 de pesetas) y 60.096 euros (9.999.133 de pesetas).

Todo este grupo, que supone anualmente el 90% de las empresas que se crean, podrá acogerse también al nuevo sistema contable abreviado, fórmula que acaba con la disparidad de documentos contables que tienen que llevar el resto de empresas y los resume en un único libro diario de nueva configuración.

Los órganos de Gobierno de estas sociedades se simplifican igualmente y se crea un sistema de mando a través de una sola persona o por medio de un órgano mancomunado, libre de gran parte de los requisitos exigidos actualmente para su nombramiento.

Economía pretende, además, instaurar el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), organismo que desarrollará funciones de asesoramiento y ayuda para los nuevos emprendedores, entre ellas, la elaboración de cálculos de expectativas de negocio o de posibilidades de expansión internacional.

La norma será llevada al Consejo de Ministros en las próximas semanas, con idea de que comience de inmediato su tramitación parlamentaria, según señaló Rato. El objetivo es que entre en vigor a finales de este año o principios del año 2003. Con esos plazos, la norma coincidirá con otra de las promesas del Gobierno: la creación de un plazo de dos año en el que las nuevas empresas podrán diferir sus impuestos y no pagar hasta el tercer ejercicio.

El ministro de Economía aclaró que esta medida podría incluirse en la próxima ley de presupuestos con lo que su entrada en vigor coincidiría con el nuevo Estatuto.

Para todo ello, Rato adelantó ayer que el Gobierno ha iniciado ya una ronda de negociaciones con las administraciones autonómicas y locales para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo estatuto.