Europa Press

El presidente de la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), Fernando Pardo, señaló hoy, en declaraciones a Europa Press, que el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) aprobado hoy en el Consejo de Ministros, y que está destinado a regular toda aquella actividad en Internet que suponga un lucro para sus protagonistas, es, "en líneas generales, bueno, salvo un par de aspectos".

"En general estamos de acuerdo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología nos ha tenido en cuenta y creemos que era necesario que existiera una ley que diera protección al usuario y le permitiera localizar al propietario de un web así como consultar las condiciones de contratación", explicó Pardo.

Sin embargo, se mostró contrariado por el trato recibido por la publicidad en la LSSI, puesto que "la publicidad responsable no es lo mismo que el 'spam" (envío de publicidad no solicitada por 'e-mail'), reseñó. "El 'spam' está bien regulado en la LSSI, y no sólo debería ser prohibido sino también perseguido, puesto que estropea la confianza del usuario", añadió, aunque recordó que las empresas extranjeras "podrán seguir utilizándolo".

LIMITES A LA PUBLICIDAD

Pardo se lamentó de que la LSSI prohíbe toda publicidad salvo que se cuente con el permiso del usuario. "La publicidad es necesaria para la marcha económica del país. Queremos el mismo tratamiento que en el resto de medios, que sólo se requiera la autorización inequívoca, tal y como sucede en la Ley de Protección de Datos, donde el permiso puede ser tácito al haber relación contractual, y no expreso", comentó.

En caso contrario, explicó que las empresas extranjeras podrán seguir haciendo publicidad "mientras que las nacionales, no". Sin embargo, Pardo reveló que mantendrán reuniones con organizaciones de usuarios, la Agencia de Protección de Datos y el Gobierno para buscar una "redacción alternativa --a la Ley-- que permita hacer publicidad", y se mostró confiado en conseguir un "arreglo".

Sin embargo, el presidente de AECE recordó el otro motivo de discordia para su organización: la cuantía de las sanciones. "Sigue siendo desproporcionada y muy alta, al igual que sucede con la Ley de Protección de Datos", afirmó, a pesar de la rebaja en la cuantía máxima de la sanción leve --pasa de noventa mil a sesenta mil euros--, lo que puede hacer "desaparecer a empresas". Pese a todo, expresó su "confianza" en que los jueces impongan las cuantías "más bajas y tengan conciencia del daño que pueden provocar al sector".

El proyecto de Ley iniciará en breve su tramitación parlamentaria con vistas a que España cuente para el próximo verano con un marco normativo que incluya las nuevas actividades económicas que han traído las Nuevas Tecnologías, además de adaptar a la legislación nacional la directiva europea de Comercio Electrónico de junio de 2000.